Mientras una violencia crónica y una profunda crisis política acaba con su país, los hondureños que viven en Estados Unidos tienen una preocupación más: su destino.

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El viernes, el Departamento de Seguridad Nacional decidirá si le extiende o no el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 57,000 hondureños.

El TPS es un programa federal que durante décadas le ha permitido a más de 435,000 inmigrantes de 10 países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. A finales de los años 90, miles de habitantes de Centroamérica buscaron refugio en EEUU después que una monstruosa tormenta devastó la región. Aunque la gran mayoría llegó de forma ilegal, quedaron exentos de ser deportados después que el Congreso creó el programa TPS en 1990 para proteger y evitar que fueran deportados a sus países en medio de la inestabilidad y peligrosas condiciones provocadas por el conflicto armado o el desastre natural.

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Desde entonces, alrededor de 320,000 inmigrantes de varios países han podido renovar su TPS a intervalos regulares. Sin embargo, eso cambió bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que terminará las protecciones especiales para cerca de 9,000 inmigrantes nepaleses. Las autoridades les dieron hasta el 24 de junio de 2019, para irse o buscar otra forma de permanecer en el país.

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En noviembre, finalizó el TPS para 60,000 haitianos que llegaron tras el devastador terremoto del 2010 que dejó en ruinas a su país. Se les dio un período de 18 meses para irse. Ese mismo mes, el gobierno de Trump anunció que no le extendería el TPS a los nicaragüenses, después de decir que desde el huracán Mitch, el país se ha recuperado. Les dio un plazo de 14 meses.

Según el Centro de Estudios de Emigración, con sede en Nueva York, unos 7,800 hondureños que tienen el TPS viven en la Florida; y aproximadamente 8,500 en Texas. Si el viernes, el gobierno decide terminar el TPS para los hondureños, éstos tendrán que cambiar su estatus o abandonar el país para el 5 de julio. Si ignoran la decisión, corren el riesgo de ser arrestados y deportados, reportó el Centro de Refugiados.

Si para el viernes no se toma una decisión, entonces las protecciones de inmigración se extienden automáticamente otros seis meses. En los últimos meses, sangrientas protestas se han desatado en Honduras después de la reelección del presidente del país, Juan Orlando Hernández. Según el periódico The Los Angeles Times, cientos de emigrantes están esperando en la frontera de Tijuana-San Diego luego de viajar casi un mes a pie, tren y autobús.

La mayoría son hondureños que buscan asilo para escapar de la violencia de las pandillas y de la extorsión de que son víctimas en su país. Tras partir de la ciudad fronteriza de Tapachula el 25 de marzo y recorrer gran parte de México, las autoridades norteamericanas le negaron la entrada a los exhaustos emigrantes que habían hecho un viaje de más de 2,000 millas.

El gobierno argumentó que el centro de procesamiento estaba a lleno total, reportó la agencia Reuters. El domingo, un organizador de la caravana le dijo a CNN que los emigrantes están dispuestos a quedarse afuera del centro de inmigración “hasta que al último” se le permita entrar al país. Todavía están acampando.