Como diligencias útiles de investigación en el caso conocido como “Saqueo Público”, instruido contra el expresidente Mauricio Funes y otros 31 imputados, ayer se autorizó a 23 expertos en diversas ramas para que comiencen a realizar tres peritajes propuestos por la Fiscalía General de la República.

Una de las pericias y que resulta ser la más clave, es la denominada “Auditoría Forense Contable Financiera, Tributaria o Pericia Financiera Contable-Tributaria”, con la cual una de las fiscales dice que se pretende establecer el monto exacto que fue sustraído de la Cuenta Especial Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial en la administración Funes, comprendida entre los años 2009-2014.

El pasado 8 de junio, cuando el caso fue judicializado, el Ministerio Público informó que el exmandatario creó una sofisticada red para extraer $351,035,400.49 con la ayuda de sus más cercanos colaboradores, acusando por los delitos de lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos, así como casos especiales del delito de encubrimiento.

En el expediente judicial con reserva parcial, reiterada ayer por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, la Fiscalía menciona que el mecanismo principal para desviar los fondos fue al utilizar los gastos reservados de la Presidencia, aumentándolos para luego extraerlos ilícitamente.

El segundo peritaje a realizar es un “Análisis de la Aplicación de la Normativa de Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de productos Financieros Activos y Pasivos del Banco Hipotecario”, con el cual se busca establecer si los productos financieros otorgados a algunos de los imputados, entre ellos el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera, se hizo cumpliendo la debida diligencia.

El tercer peritaje es la “búsqueda de archivos, descargados del servidor principal y verificación de restauración del Banco Hipotecario”, para esta pericia la defensa y fiscales presentaron dos expertos en informática cada uno, pero el juez no se los admitió.

En el caso de la defensa los peritos son empleados de la empresa COSASE, propiedad de Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como “Mecafé”, considerado en la investigación como la persona operativa de la corrupción en la gestión presidencial de Funes, siendo su mayor testaferro, pero el juez no los aceptó.

Y con respecto a los peritos de la Fiscalía, el juez dijo que no es posible que siendo empleados de la institución que tiene el monopolio de la investigación hagan una pericia que podría carecer de transparencia e imparcialidad, y tampoco aceptó a los peritos presentados.