La represión de la Patrulla Fronteriza, ha desatado la condena de líderes demócratas y activistas y un llamado al despliegue de observadores en la zona.

WASHINGTON — Decenas de migrantes centroamericanos, incluyendo niños descalzos y en pañales, intentaban huir de una espesa nube de gases lacrimógenos que la Patrulla Fronteriza lanzó para dispersar a quienes presuntamente intentaban irrumpir por la garita de San Ysidro, en una escalada de tensiones fronterizas que este lunes desató la indignación de líderes del Congreso y grupos humanitarios.

Fotos y videos del incidente ocurrido ayer domingo cerca a la garita de San Ysidro (California) registran los gritos, llantos y pánico de niños, algunos sucios, descalzos y en pañales, y se han vuelto virales en las redes sociales, en unos momentos en que la Administración Trump ha ordenado el recrudecimiento del combate contra las caravanas de inmigrantes en la frontera sur.

Según la Administración, centenares de migrantes, muchos de los cuales habían iniciado una marcha pacífica, rompieron la primera valla fronteriza entre EEUU y México e intentaban cruzar por otros puntos cuando las autoridades estadounidenses cerraron la garita de San Ysidro.

El presidente Donald Trump volvió a insistir hoy en que muchos migrantes son “criminales” y Mexico debe deportarlos, y repitió su amenaza de “cerrar la frontera permanentemente”. No está claro que la ley se lo permita y, en todo caso, eso tendría un alto costo económico y político, violaría el derecho internacional, y no frenaría la inmigración ilegal, según expertos.

Esta escalada de represión contra los migrantes supone una violación no solo de los derechos humanos sino también de la ley de asilo y un convenio internacional sobre refugiados.

El vicepresidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Joaquín Castro, señaló que durante generaciones el sistema de asilo había sido ordenado, con apego a la ley internacional y la protección de la soberanía y seguridad de EEUU, pero la actitud de la Administración es un “fracaso”.

“La decisión de lanzar gases contra solicitantes de asilo –incluyendo muchas mujeres y niños- fue cruel, innecesaria e incongruente con quiénes somos y quiénes aspiramos a ser como nación”, afirmó.

Castro instó a Trump a que restablezca un sistema de asilo ordenado, y se coordine con México y la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) para que la gente pueda solicitar asilo de forma “justa y segura”.

También destacó la urgencia de responder a las raíces de la emigración ilegal desde el “Triángulo del Norte” y aprobar una reforma migratoria integral, porque la respuesta no está en cerrar las fronteras ni en atacar con gases lacrimógenos a poblaciones vulnerables.

En la actualidad, la Administración Trump afronta demandas de grupos cívicos que han impugnado sus restricciones al asilo, que además fueron frenadas temporalmente por el juez federal, Jon Tigar, en San Francisco (California) el lunes pasado.

¿Es cómplice México?

El gobierno de México ha negado informes sobre un presunto acuerdo con EEUU para obligar a los solicitantes de asilo a esperar respuesta del lado mexicano de la frontera común.

Eric Schwartz, presidente de “Refugees International”, consideró que si bien México debe cooperar con EEUU en asuntos migratorios regionales, no debe prestarse para apoyar o implementar “políticas abusivas que perjudicarán a individuos que huyen de la persecución” y que, en todo caso, el presunto acuerdo en ciernes viola los derechos humanos y el convenio internacional sobre refugiados.

Por su parte, Duncan Wood, director del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, explicó a este diario que la Administración Trump “no puede obligar a México a retener a migrantes, pero claramente apuesta por que se logre ese acuerdo” sobre el estatus de México como “tercera vía” de asilo, como ocurrió entre la Unión Europea y Turquía.

“La entrante administración en México ansía evitar conflictos con Trump, y posiblemente esté dispuesta a lograr un acuerdo para evitar un conflicto dañino al momento de la investidura. Sin embargo, claramente habrá un costo político doméstico si AMLO (Andrés Manuel López Obrador) sigue este rumbo”, advirtió Wood.

¿En defensa propia?

La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, defendió anoche en un comunicado la respuesta a miembros de una caravana de migrantes que intentaban llegar hasta la garita de San Ysidro y que presuntamente lanzaron piedras o “proyectiles” contra la Patrulla Fronteriza.

Nielsen, quien afronta un posible despido de Trump si no “aprieta las tuercas” a los cruces ilegales, dijo que el DHS no va a tolerar la ilegalidad ni dudará en cerrar los puertos de entrada por razones de seguridad, además de que mantendrá una “robusta presencia” militar y policial en la franja fronteriza.

Esta mañana, el portavoz del DHS, Tyler Q. Houlton, dijo en Twitter que, como todos los demás agentes policiales, los de la CBP “siempre han mantenido el derecho a protegerse responsablemente de quienes desean causarles daño mientras realizan labores importantes y peligrosas”.

Houlton incluyó un ejemplo de noviembre de 2013, en el que cerca de un centenar de migrantes que intentaban cruzar cerca de la misma garita lanzaron piedras y botellas contra los agentes, quienes respondieron con gas pimienta para dispersarlos hacia México.

Pero las imágenes del incidente de ayer no sólo muestran a mujeres y niños indefensos, en vez de “criminales”, sino también una valla alta y coronada con alambres de púa y por la que sería difícil trepar o cruzar.

“Son seres humanos que están llegando al punto de la desesperación porque sus reclamos de asilo se procesan a paso muy lento, o no del todo… es inconcebible que la Administración Trump, DHS y CBP no tengan los recursos para destinar a más oficiales de asilo e incrementar el procesamiento de solicitudes”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización angelina CHIRLA.

Mientras, el legislador demócrata por California, Lou Correa, viajó hoy al área de San Ysidro para recabar información sobre el terreno, y otros legisladores piensan pedir una investigación formal sobre el incidente, según fuentes legislativas.

Rendición de cuentas

Ante la volatilidad de la situación en la frontera, el DHS tiene que rendir cuentas sobre el uso de la fuerza, especialmente por haber usado gases lacrimógenos hacia el lado mexicano de la frontera, según expertos consultados por este diario.

Angelo Guisado, del Centro para Derechos Constitucionales (CCR), consideró que si Naciones Unidas ha enviado “cascos blancos” para responder a la crisis de migrantes del Norte de Africa en Europa, también puede, como mínimo, enviar observadores internacionales a la región fronteriza.

“México también tiene obligaciones humanitarias para ayudar a estos migrantes… en el área de Tijuana, debemos proveer ayuda humanitaria internacional para responder a esta crisis”, aconsejó.

Guisado señaló además que la Convención sobre Armas Químicas de 1993, suscrita y ratificada por 192 países, incluyendo EEUU, incluye restricciones sobre el uso de esas armas.

Lorella Praeli, subdirectora legal de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), afirmó que el Congreso tiene la obligación de vigilar las acciones de la Administración y poner freno a la “cruzada racista” de Trump contra los inmigrantes.

Al evaluar un desembolso de fondos para el muro fronterizo y más agentes de la CBP antes de que el gobierno agote sus fondos para el próximo 7 de diciembre, los legisladores no deben olvidar la separación de familias ni las imágenes de niños asfixiándose con el humo de los gases lacrimógenos, dijo Praeli.

El Congreso tiene apenas 15 días legislativos para aprobar medidas de gastos federales antes del receso decembrino, y se prevé que los fondos para el muro y la vigilancia fronteriza sean una traba mayúscula para evitar un cierre parcial del gobierno.

Mary Bauer, subdirectora legal del “Proyecto de Justicia para Inmigrantes” del “Southern Poverty Law Center” (SPLC), advirtió de que esta crisis fue “fabricada” por la Administración, y que “las horrendas escenas de los últimos días sólo van a empeorar, a menos que se tomen medidas para restablecer el sentido común y la humanidad a nuestra respuesta a esta situación”.

Rick Jones, asesor de “Catholic Relief Services” (CRS), también teme más incidentes, y subrayó que la Administración debe canalizar más recursos para agilizar el procesamiento de asilo para personas que llevan semanas haciendo cola en Tijuana y otros puntos de la frontera.

“El sistema actual permite que la gente tenga audiencia sobre miedo creíble, y si no tienen un caso entonces pueden ser regresados a sus países… la Administración argumenta que la gente puede solicitar asilo en México, pero también allí hay mucha violencia y muchos no se sienten seguros; lo correcto es respetar las leyes de asilo en EEUU”, argumentó Jones.