Anualmente la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres, integrada por tres organizaciones feministas y dos sindicatos, registra 1,400 denuncias por violencia laboral contra féminas, una de las tres modalidades de violencia establecida en la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en el país. Las denuncias son principalmente por violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual (en el trabajo), apropiación indebida de cuotas previsionales (ISSS y AFP), imposibilidad de las mujeres de poder conciliar la vida familiar con la vida laboral, además de otras denuncias como no recibir indemnización, pago de horas extras ni pago de vacaciones.

“En diciembre las denuncias que más recibimos son porque no les pagan aguinaldos, ya sea que no los pagan o no los pagan conforme a la ley”, detalló Carmen Urquilla, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Tanto Ormusa como la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Mujeres Transformando, la Coordinadora de Mujeres Sindicalistas de El Salvador y la Federación de Asociaciones y Sindicatos de El Salvador integran la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres. Recientemente, estas entidades participaron en el Seminario Regional Género, Salud y Seguridad en el Trabajo, que tuvo lugar en el país del 14 al 16 de noviembre con organizaciones feministas de Centroamérica, previo a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el encuentro, las participantes analizaron la situación que viven las mujeres en sus campos de trabajo y las normativas de sus países.

En El Salvador “son 1,400 denuncias que recibimos desde las organizaciones, de estas un 30 % corresponden al sector de maquila, el resto a otros sectores, incluido el sector público; una de las denuncias que en los últimos años ha crecido ha sido la de acoso laboral y acoso sexual que viven las mujeres en sus lugares de trabajo”, indicó Urquilla.

La violencia laboral es concebida, según la LEIV, como acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho de igual salario por igual trabajo.

Con la “retención de cuotas previsionales, tanto de ISSS como de AFP, se impacta de manera directa al tema de salud y seguridad en el trabajo, ya que las empresas, al apropiarse y no hacer llegar estos fondos a las instituciones correspondientes, limitan o impiden el derecho de las personas a tener acceso a la salud”, agregó.

La situación se vuelve compleja cuando se estudian las normativas. La abogada Diana Guillén, representante del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, afirmó que las leyes regionales están desfasadas, por lo tanto no están adaptadas a las modalidades de trabajo actual y, por ende, no protegen a las féminas.

“Como consecuencia no hay suficiente protección ante las nuevas violencias o nuevas tendencias de explotación laboral que se están dando, un ejemplo de eso lo tenemos en la industria de la maquila”, dijo.

“Tanto violaciones laborales como inflexibilidad laboral y explotación laboral…Son consecuencias que se tienen de una legislación con demasiada libertad para esta industria, que está repercutiendo en una cantidad impresionante de personas que tenemos enfermedades de distinta índoles como músculo esqueléticas, respiratorias o de otras”, señaló.

En el país, el Código de Trabajo está desfasado, mientras que normativas como la Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo y el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se están cumpliendo.

“El Código ya no responde, en general, uno de los principal problemas que tiene es toda la parte procesal, supletoriamente se utiliza el Código Procesal Mercantil que responde completamente a otra materia”, explicó Urquilla.

La representante de Ormusa aseguró que la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo no se cumple “porque a las personas no se les da equipo de protección individual, porque además el equipo de protección individual está pensado en hombres y no en mujeres, y porque se cree que las mujeres no hacen actividades peligrosas o no sufren accidentes de trabajo”. Asimismo, destacó que el convenio con la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares también es transgredido, ya que “a mujeres y hombres no se les da permiso para atender estas situaciones (familiares) y por lo tanto son las mujeres la que se ven obligadas a abandonar sus trabajos para dedicarse a esos cuidados”.

Lastimosamente, afirmaron feministas, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene un registro específico por cada ámbito en el cual se cometen los diferentes tipos de violencia contra la mujer.

Datos del Observatorio de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestic) de 2017 revelaron que el 89.9 % de las mujeres sufren violencia en el espacio donde realizan su actividad laboral. Ahora, indicaron, el trabajo es hacer que las autoridades escuchen sus demandas, y velar por las reformas o el cumplimiento de las leyes.